El Gobierno aprobó mediante el Decreto 787-26 el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, una normativa que establece controles obligatorios para el uso de estas tecnologías en las instituciones estatales, protege los derechos de la ciudadanía y prohíbe prácticas como la vigilancia masiva indiscriminada y el perfilamiento criminal predictivo.
