El jurista reconoce avances en la protección del patrimonio público, pero plantea interrogantes sobre la interpretación de los delitos de corrupción y las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos.Santo Domingo, RD. – El jurista Ricardo Rojas León valoró la ampliación de los delitos destinados a proteger el patrimonio público en el nuevo Código Penal dominicano, aunque advirtió que su aplicación plantea cuestiones que deberán esclarecerse, especialmente sobre la relación entre las distintas figuras de corrupción y las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos.Durante su participación en el panel «Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal», celebrado en el marco del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), el pasado 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, Rojas León destacó los avances de la reforma penal.“Este catálogo de delitos que buscan preservar (…) la buena gestión pública, la buena gestión de los recursos económicos del Estado, es un paso importante, un paso de avance importante”, expresó.El especialista explicó que la reforma conserva figuras tradicionales e incorpora nuevas infracciones para enfrentar diversas modalidades de defraudación de los bienes públicos.A su juicio, la ampliación del catálogo de delitos proporciona mayores herramientas jurídicas para proteger la administración pública y combatir prácticas contrarias a la transparencia.La corrupción afecta directamente a la ciudadaníaRojas León sostuvo que las consecuencias de la corrupción no se limitan al perjuicio económico ocasionado al Estado, sino que también afectan directamente a los ciudadanos cuando se desvían recursos destinados a servicios esenciales.“Cuando hablamos de corrupción a nivel global, se tiene la idea de que cuando se comete un acto de corrupción, el sujeto pasivo es el ciudadano”, manifestó, al referirse a los recursos destinados a sectores como salud y educación.Asimismo, explicó que los actos de corrupción pueden involucrar tanto a funcionarios públicos como a particulares, incluidos comerciantes y empresarios.En ese sentido, consideró necesario analizar las responsabilidades de quienes, sin formar parte de la administración pública, intervienen en actuaciones que perjudican el patrimonio estatal.Entre las figuras examinadas, el jurista destacó el tráfico de influencias, una práctica que describió como arraigada en República Dominicana.Señaló que utilizar la condición de funcionario público para procurar beneficios a favor de terceros afecta la transparencia y la honestidad de la gestión pública, incluso cuando esos beneficios no sean materiales.Cuestiona interpretación del artículo 284Uno de los principales aspectos abordados por Rojas León fue el alcance de la transversalidad de la corrupción contemplada en el artículo 284 del nuevo Código Penal.Según explicó, será necesario determinar cómo se relaciona esa disposición con los delitos especiales y si la imputación de determinadas infracciones debe acompañarse también de la figura general de corrupción.“En algún momento habrá que discutir qué quiso decir el legislador con lo de transversal”, señaló.El jurista también advirtió que, conforme a su interpretación de la normativa, no todos los delitos de corrupción contemplan inhabilitación para ejercer cargos públicos.Consideró que estas diferencias deben examinarse cuidadosamente para establecer el alcance de las sanciones y garantizar una aplicación coherente de la legislación.Destaca importancia de conocer las nuevas disposicionesRojas León subrayó la necesidad de que los funcionarios públicos conozcan el contenido y las consecuencias jurídicas de las nuevas disposiciones penales.Explicó que algunas infracciones incluyen diversas conductas mediante las cuales puede configurarse un delito, lo que exige una comprensión adecuada de su alcance.Durante su exposición, recordó su participación, junto con otros profesores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en las discusiones relacionadas con la reforma penal desde aproximadamente 2011.El panel formó parte del I Seminario Nacional organizado por ADOCCO para examinar el impacto del nuevo Código Penal en la transparencia, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción en República Dominicana.