Un 31.2 % de los empleados públicos afiliados como titulares al Seguro Familiar de Salud (SFS) permanecía inscrito en Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas al cierre de 2025, en franca violación a las normas y una sentencia del Tribunal Constitucional, que indican deben estar afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
