La disposición, anunciada por el Gobierno del presidente Luis Abinader, establece que los fondos recaudados por servicios consulares dejarán de ser administrados por cada sede y serán centralizados en las arcas públicas, como parte de una política orientada a fortalecer los controles internos y garantizar mayor transparencia.
Desde el oficialismo, diputados calificaron la iniciativa como un paso significativo hacia la rendición de cuentas, al considerar que permitirá una mejor fiscalización de los recursos y contribuirá a nivelar los costos de los servicios consulares en beneficio de los dominicanos residentes en el exterior. Además, destacaron que el nuevo esquema podría incidir positivamente en la dignificación de los salarios de los cónsules, sin importar el país donde estén asignados.
Sin embargo, desde la oposición surgieron posturas diversas. Mientras algunos legisladores valoraron la decisión gubernamental, otros expresaron reservas sobre su implementación y alcance real, al tiempo que pidieron acompañar la medida con un paquete más amplio de acciones de austeridad y eficiencia administrativa.
A pesar de las diferencias políticas, todos coincidieron en que esta decisión debe traducirse en mejoras tangibles en la calidad de los servicios que reciben los dominicanos en ultramar, especialmente en procesos como emisión de documentos, asistencia legal y protección consular.
La medida forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno por centralizar y transparentar los ingresos consulares, con el propósito de garantizar un uso más eficiente de los recursos y fortalecer la atención a la diáspora dominicana.
