Santo Domingo.- La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó este jueves la petición de declarar extinguida la acción penal en el proceso que se sigue por los casos Coral y Coral 5G. La solicitud había sido presentada por la defensa del mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, uno de los principales imputados en el expediente.
El tribunal, encabezado por la magistrada Ysis Muñiz y conformado además por los jueces Nancy Joaquín y Teófilo Andújar, determinó que el tiempo transcurrido en el proceso resulta razonable si se toma en cuenta la magnitud y complejidad del caso. Con esta decisión, es la segunda vez que la justicia rechaza un pedido de extinción de la acción penal en este mismo procedimiento.
Los abogados de Cáceres Silvestre buscaban que se anulara la acusación y se ordenara el cese definitivo del juicio que se ventila ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual se encuentra en su etapa final. Sin embargo, la Corte desestimó la solicitud y permitió que el proceso continúe su curso.
Desarrollo del juicio
Durante la jornada de este jueves, el tribunal presidido por la magistrada Gisselle Méndez avanzó en la fase de conclusiones. En esta etapa, los abogados de los encartados expusieron sus argumentos finales, solicitando que se desestime la acusación del Ministerio Público por considerar que no existen pruebas suficientes para sustentar los cargos.
Entre los defensores que tomaron la palabra figura Waldo Paulino, representante legal de los generales Boanerges Reyes Batista y Franklin Mata Flores, también vinculados al proceso. El abogado sostuvo que en el debate se demostrará la inocencia de sus defendidos. Tras una pausa decretada hasta las 2:00 de la tarde, se prevé que las defensas concluyan con sus exposiciones finales.
Acusación del Ministerio Público
El Ministerio Público sostiene que Adán Cáceres Silvestre encabezaba una supuesta red de corrupción integrada por 30 personas y 18 empresas, que habría operado entre 2012 y 2020. Según la acusación, el entramado provocó un perjuicio económico al Estado superior a RD$4,500 millones.
El órgano acusador señala que los implicados habrían desviado fondos asignados a instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), recursos que presuntamente fueron utilizados en beneficio personal.
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