Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader destituyó al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, mediante el decreto núm. 39-26.
De acuerdo con el artículo 1 del decreto, queda derogado el artículo 13 del decreto núm. 390-24, del 17 de julio de 2024, mediante el cual Féliz García fue designado rector de esa institución de educación superior.
La disposición se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y forma parte de los procesos de evaluación y fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno dominicano.
Cabe recordar que, recientemente, una investigación periodística denunció que aportes periódicos, equivalentes a un porcentaje del salario de empleados del ITLA, habrían sido utilizados para financiar el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, organización fundada y coordinada por el entonces rector Rafael Féliz García.
La denuncia se sustenta en documentación, testimonios y comprobantes bancarios que presuntamente vinculan a parte del personal del ITLA con contribuciones económicas destinadas a dicha estructura política.
Féliz García dirigía el ITLA desde julio de 2024, institución que para el año 2025 administra un presupuesto cercano a RD$1,200 millones y que, según la nómina oficial más reciente, cuenta con 655 empleados fijos.
Ante las informaciones divulgadas, el ITLA negó de manera categórica la existencia de descuentos, retenciones o deducciones salariales con fines políticos o ajenos a su misión institucional.
Como parte de su descargo, la entidad informó que solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) la realización de una revisión técnica preventiva de sus procesos internos, especialmente en las áreas de gestión de personal, nómina y controles administrativos, con el objetivo de ratificar el apego al marco ético y legal.
Asimismo, la institución reiteró que sus relaciones laborales se sustentan en el respeto a la libertad individual, asegurando que ningún empleado debe sentirse presionado, condicionado o discriminado por participar —o no— en actividades ajenas a sus funciones. Indicó, además, que mantiene disponibles sus mecanismos de transparencia y acceso a la información, conforme a lo establecido en la Ley 200-04.
El caso permanece en el debate público, a la espera de las verificaciones de los organismos de control del Estado, que determinarán si existen o no responsabilidades administrativas o legales.
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