Redacción.– Las autoridades dominicanas deportaron en 2025 un total de 379.553 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, un 37,4 % más que las 276.215 expulsiones de nacionales del país vecino registradas el año anterior, según informó este miércoles la Dirección General de Migración (DGM).
El pasado año se realizaron en la República Dominicana más de 6.500 operativos de interdicción migratoria, llevados a cabo por la DGM en coordinación con las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado, indicó este miércoles Migración en un comunicado.
Las autoridades migratorias destacaron que en 2025 hicieron uso de monitoreo en tiempo real, cámaras corporales y herramientas de reconocimiento facial, así como la adquisición de licencias para registros biométricos y la mejora de la conectividad de fibra óptica en la zona fronteriza.
Las acciones de Migración abarcaron operaciones diurnas y nocturnas en rutas de trabajo planificadas y desarrolladas por la DGM, con equipos humanos, técnicos y de movilidad que actuaron en coordinación con otras instituciones gubernamentales.
Esta política migratoria empezó en octubre de 2024, cuando el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la deportación “masiva” de haitianos indocumentados que residen en el país, para “reducir” el exceso de población migrante percibido en las comunidades dominicanas.
También el año pasado se asignaron más de mil agentes migratorios en todas las provincias del país, y se integraron a los puntos de control migratorio más de 100 nuevos inspectores y 25 nuevos auxiliares.
Además, en 2025, más de 150 personas fueron puestas a disposición de la justicia por el delito de tráfico ilícito de migrantes, y 26 por falsificación y uso de documentos falsos.
Críticas de ONG
Amnistía Internacional solicitó en noviembre de 2025 al Gobierno dominicano que revoque el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud de haitianos indocumentados con la deportación, al considerar que estas acciones “no están justificadas” y son “discriminatorias”.
Este protocolo, establecido en abril de 2025, ordena que inspectores y agentes migratorios verifiquen que los pacientes cuenten con identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio y cubran el costo de los servicios recibidos.
En caso contrario, los pacientes son atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados, una acción que, según Amnistía Internacional, “podría potencialmente ser contraproducente para la salud” de todas las personas que viven en la República Dominicana, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, la fundación Colectivo HaitianosRD presentó en diciembre pasado una comunicación ante la Procuraduría General de la República Dominicana, reiterando sus denuncias sobre “graves violaciones de derechos humanos” cometidas contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.
El Colectivo expresó su “profunda preocupación” por la “persistente impunidad” en casos de violencia racista, asesinatos y muertes bajo custodia de la DGM ocurridas entre 2015 y 2025.
Igualmente, exigió una investigación sobre 54 muertes documentadas entre 2021 y 2025 en el contexto de deportaciones masivas, recogidas en el informe “Deportaciones masivas y Estado de excepción en República Dominicana”, también consignado ante la Procuraduría.
En Haití, más de 1,4 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares el año pasado debido a la violencia, la cifra más alta jamás registrada en el país, mientras que la mitad de la población —seis millones de personas, incluidos 3,3 millones de niños— necesita ayuda humanitaria, según organismos internacionales.
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